La democracia en América Latina se encuentra amenazada por el acecho de la narcopolítica, un fenómeno donde el crimen organizado ha permeado y los frágiles sistemas democráticos de la región. Mediante extorsión, violencia e impunidad, los tentáculos del narcotráfico están estrangulando el cuerpo político latinoamericano, dando lugar a narcodictaduras electorales donde se secuestra el voto ciudadano.
Las estadísticas revelan la alarmante magnitud del problema. Según estudios sobre la amenaza silenciosa del narcotráfico en la región, los cárteles han encontrado en Latinoamérica un terreno fértil para expandir sus operaciones ilícitas. En México, por ejemplo, el narcotráfico representa el 3% del PIB. En Colombia, el 40% de los homicidios están relacionados con el narcotráfico.
Más allá de los números, cada voz acallada y cada fraude electoral perpetrado por estas narcotiranías representa un ataque a la dignidad de la agonizante sociedad democrática y es un tiro a la cabeza al ideal democrático continental. Eliminar opositores, como en el caso de Fernando Villavicencio (político y activista ecuatoriano conocido por denunciar redes de corrupción y narcotráfico) y recurrir al autoritarismo político en alianza con una izquierda que traicionó sus frágiles ideales, son algunas de las estrategias empleadas para mantener el poder.
Frente a este panorama sombrío, se requieren medidas radicales para derrotar esta hidra del crimen que socava los cimientos de las democracias de la región. De lo contrario, Latinoamérica, e incluso todo el continente americano, corre el riesgo de perecer bajo la bota de la narcopolítica.
Cuando el narco gobierna
En los pliegues de la realidad latinoamericana, emerge la sombría figura de la narcopolítica, que, como fenómeno, distorsiona la esencia misma de los valores democráticos y el Estado de Derecho. Cuando las dinámicas del narcotráfico se infiltran en la maquinaria gubernamental, las instituciones políticas y judiciales se convierten en títeres manipulados por redes criminales. En este escenario, el poder es acaparado por estructuras mafiosas que controlan cada rincón del proceso político en beneficio propio.
La elección de líderes se transforma en un juego de artimañas y fraude, mientras aquellos que alcanzan el poder se convierten en protectores de los intereses del narcotráfico a cambio de ganancias sustanciales. Las bases de la democracia son corroídas, y una atmósfera de secretismo y deshonestidad permea el entorno político. La justicia se convierte en un instrumento selectivo, donde los culpables son premiados y quienes desafían el poder son eliminados, extorsionados o en el peor de los casos, encarcelados y torturados. La prensa es silenciada o sometida a la influencia del crimen organizado, y el ciudadano común es acallado y arrodillado por medio de amenazas y violencia.
El flagelo del narcotráfico se ha convertido en el factor común en muchos países de la región. En Ecuador, por ejemplo, la narcopolítica tiene fatales consecuencias cuando se desafía a sus redes criminales. Según cifras, en Ecuador- el 80% de la droga incautada tiene como destino Estados Unidos, convirtiéndolo en punto clave del tráfico. Al tratar de confrontar este flagelo, valientes políticos o activistas como Berta Cáceres en Honduras, Marielle Franco en Brasil y Javier Valdez en México fueron asesinados tras luchar contra la corrupción y la violencia relacionada con el narcotráfico en sus países.
Villavicencio, dado su reciente e impactante asesinato, se acaba de convertir en un mártir contra el crimen organizado en la región y como vemos su caso no es aislado ni algo nuevo.
En toda Latinoamérica el narcotráfico ha permeado los sistemas políticos y económicos. En Venezuela, por ejemplo, se estima que el narcotráfico ha financiado campañas políticas, con figuras como Tareck El Aissami acusado de proteger a los cárteles. En Centroamérica, cerca del 90% de la cocaína hacia Estados Unidos pasa por la región, contribuyendo a la violencia y la corrupción. En Brasil, los carteles han infiltrado instituciones y son responsables de la inseguridad en las favelas. De igual forma, en México los cárteles ejercen un control territorial en varios estados, infiltrándose en la política local. El narcotráfico ha producido miles de asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de población en México. Tanto Centroamérica como México evidencian el grave impacto del narcotráfico en la seguridad, la economía y la debilidad institucional en amplias zonas.
Es inaceptable que se sigan repitiendo casos de asesinatos, así como los casos de la prisión de Jeanine Áñez en Bolivia, la inhabilitación de Jair Bolsonaro en Brasil o los juicios abiertos contra Donald Trump en Estados Unidos para que no retome el poder cuando todas las encuestas lo dibujan como el aventajado para volver a la Presidencia. Tampoco se puede permitir que se siga intentando silenciar y amenazar a importantes líderes, estadistas y voces de la oposición latinoamericana como María Corina Machado en Venezuela, María Fernanda Cabal, Álvaro Uribe o Javier Milei, entre otros destacados adalides de la región. Latinoamérica tiene el gran reto de acabar con la narcopolítica, donde los criminales son los que ponen Presidentes y amedrentan o compran a cualquier fiscal o juez que los investigue.
Todo este impacto trasciende las fronteras. La influencia de estos cárteles del narcotráfico ahora se extiende más allá de Latinoamérica, hacia Estados Unidos, a través de la introducción de drogas sintéticas mortales como el fentanilo y la droga "tranq". Esta estrategia persigue minar la estabilidad democrática estadounidense mediante la destrucción masiva de vidas y el deterioro del tejido social.
El tráfico de estas sustancias busca generar adicción y muerte, convirtiendo a los ciudadanos en entes sin productividad ni ambición, en tristes "zombis" humanos. Se ataca así un pilar vital de la democracia: la participación activa de la población.
Con estas tácticas, los tentáculos del narcotráfico exhiben su capacidad para traspasar fronteras e impactar sociedades enteras, no solo en Latinoamérica sino en el mundo desarrollado. Su influencia es transnacional y representa un desafío global.
La urgencia de recuperar las democracias secuestradas
La narcopolítica, que ha permeado las estructuras sociales y económicas, exige una respuesta contundente y un enfoque multidimensional para enfrentar sus desafíos. Hay que cortar de raíz el poder corruptor del narcotráfico tanto en origen como en destino. Solo un frente internacional mancomunado, que coopere estrechamente para desmantelar estas redes criminales, podrá hacer retroceder la marea del narcotráfico que hoy día socava la salud de nuestras democracias.
Quizás sea necesario considerar medidas más radicales, como la prohibición de ideologías socialistas que históricamente han permitido la permeabilidad del narcotráfico en sus filas, tal como han implementado naciones como Polonia, República Checa, Moldavia, Hungría o Eslovaquia para combatir el comunismo. Cabe destacar que, según datos de la DEA, el 96% de los cargamentos de cocaína decomisados están vinculados a grupos de extrema izquierda. Esto revela que el marxismo en sus diversas vertientes opera como pantalla para las actividades narcocriminales.
En un contraste marcado con la situación en América Latina, en Singapur el tráfico de drogas y la corrupción son castigados con la pena capital. Durante las últimas dos décadas, Amnistía Internacional ha registrado cómo cientos de individuos, incluyendo a decenas de extranjeros, han sido sometidos a la pena de muerte por delitos relacionados con narcóticos.
Renaciendo de las sombras de la narcopolítica
Para confrontar la amenaza de la narcopolítica, es esencial adoptar medidas firmes que se anclen en la fortaleza de las instituciones democráticas. Solo a través de estas acciones se podrá restaurar el ideal de un "gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo", que ha sido coartado por las redes del crimen organizado.
Los desconcertantes asesinatos de demócratas como el ya señalado de Villavicencio en Ecuador y episodios similares, como el de Fernando Albán en Venezuela (concejal opositor al régimen que en 2018 fue detenido por presuntos vínculos con un supuesto atentado contra Nicolás Maduro y apareció muerto tras “caer” del décimo piso de la sede del servicio de inteligencia venezolano en Caracas), establecen un punto de no retorno que no puede ser pasado por alto. Estas trágicas pérdidas nos recuerdan la imperiosa necesidad de salvaguardar la integridad de los sistemas democráticos y proteger las voces valientes que desafían la opresión de la narcopolítica. La sangre derramada por aquellos que luchan por la justicia y la transparencia debe arder como una llama inextinguible, impulsándonos a nunca más tolerar semejantes atrocidades.
Aunque el sendero para erradicar la influencia del narcotráfico en la política está lleno de desafíos, no podemos renunciar al objetivo esencial de restituir las libertades, limitar la intervención estatal, reducir la burocracia y la corrupción asfixiante, y devolver la dignidad a nuestras naciones. La narcopolítica debe combatirse con firmeza, sin descartar imitar ejemplos como el de Singapur, donde el narcotráfico es castigado con pena capital. Igualmente, debemos construir nuevas herramientas democráticas para que el negocio de las drogas no se entremezcle con la política. Solo así lograremos un porvenir donde impere la libertad individual y las voces ciudadanas democráticas prevalezcan iluminando la sombra cruel de los carteles de la droga.
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